Las alarmantes cifras de violencia causada por estos artefactos de bajo calibre indican que el 85% de ellas están en manos de civiles, y que son responsables de casi la mitad de las muertes violentas registradas en 2021. La transición de armas lícitas a mercados ilícitos alimenta la delincuencia, el terrorismo y la inestabilidad.
El coste del kilogramo se ha multiplicado por diez, mientras las incautaciones han descendido un 50%, debido al descenso de la producción. Pese a ello, los narcotraficantes siguen teniendo beneficios extraordinarios.
En 2022 el número de personas que consumieron drogas alcanzó los 292 millones, lo que representa un aumento del 20% en la última década; ese mismo año 64 millones de personas en el mundo padecieron trastornos por consumo de drogas, pero solo una de cada 11 recibió tratamiento. El surgimiento de nuevos opioides sintéticos y de una oferta y demanda sin precedentes agravó las repercusiones del problema mundial de las drogas, con consecuencias como sobredosis, violencia, inestabilidad y daños ambientales.
La subtitular de la oficina de la ONU para los derechos humanos y la asesora especial sobre genocidio recuerdan la responsabilidad colectiva de prevenir esa atrocidad. Ambas participan en un panel para discutir ese tema.
Esas operaciones no escapan a las leyes de derechos humanos, advierte un nuevo informe de la oficina de la ONU para las garantías fundamentales, alertando de las violaciones y abusos que pueden facilitar las armas, algunos de los cuales constituyen crímenes internacionales.
En Estados Unidos se producen a diario 150 muertes relacionadas con sobredosis de opioides sintéticos, y en Oriente Medio y África se están acelerando la fabricación, el tráfico y el consumo de estimulantes. En Perú se registró el primer descenso del cultivo ilícito de arbusto de coca en ocho años, mientras que el de Colombia alcanzó un nuevo récord histórico.
En el Día Mundial de la Vida Silvestre, las Naciones Unidas llaman a colmar la brecha financiera para la conservación de la flora y fauna salvajes, y así garantizar la supervivencia de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra.
Corte Penal Internacional declara que, la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, busca perjudicar su labor judicial independiente e imparcial. Según la orden, el gobierno estadounidense impondrá consecuencias tangibles y significativas a los funcionarios de la CPI que trabajen en investigaciones que amenacen la seguridad nacional de Estados Unidos y sus aliados, incluido Israel.
Estonia ha reafirmado su compromiso con la justicia reparadora y ha decido aumentar su contribución al Fondo Fiduciario en beneficio de las Víctimas, apoyando la responsabilidad colectiva con las víctimas de crímenes de lesa humanidad y genocidio. El Fondo lanzó su primer llamamiento de financiación en junio de 2024.
Ambos son acusados de crímenes de lesa humanidad, por motivos de género debido a la persecución de mujeres y niñas afganas, y por las privaciones de los derechos fundamentales a las que se han visto sometidas las víctimas. Karim Khan explica que “las víctimas y los supervivientes afganos han sufrido injusticias durante demasiado tiempo”.
