La comisión de investigación para Ucrania denuncia las desapariciones a manos de fuerzas rusas equivalen a crímenes contra la humanidad
Derechos humanos
Las desapariciones forzadas cometidas por las autoridades rusas en el contexto de la guerra en Ucrania equivaldrían a crímenes de lesa humanidad, según el grupo independiente de expertos establecido por el Consejo de Derechos Humanos para investigar las violaciones del derecho internacional en esa conflagración.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania presentó este miércoles un informe en el que argumenta que las desapariciones forzadas de civiles cometidas por las autoridades rusas durante la guerra en Ucrania equivaldrían a crímenes de lesa humanidad.
Según el informe al Consejo de Derechos Humanos, el órgano de la ONU que creó la Comisión, las autoridades rusas han detenido a un gran número de civiles en todas las provincias ucranianas en las que han tomado el control.
El texto afirma que entre los desaparecidos se cuentan autoridades locales, funcionarios públicos, periodistas y otras personas que se consideraban una amenaza para los objetivos militares rusos.
También algunosprisioneros de guerra han sido desaparecidos, continúa la Comisión.
El documento detalla que las víctimas a menudo eran llevadas a centros de detención en zonas de Ucrania ocupadas por Rusia o se les deportaba a territorio ruso, donde se les sometía a delitos graves, como tortura y violencia sexual.
Suerte y paradero desconocidos
“Muchas personas han estado desaparecidas durante meses o incluso años. Algunas han fallecido. La suerte y el paradero de muchas siguen siendo desconocido”, dice el informe.
Las autoridades rusas han dado respuestas “estándar” a los familiares de los desaparecidos, sin revelarles su destino, lo que los priva de la protección de la ley.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por la comisión, las desapariciones forzadas de civiles se perpetraron en virtud de una política estatal coordinada y constituyen crímenes de lesa humanidad.
Interrogatorios y tortura
La comisión sostiene que sus recientes pesquisas han confirmado que cuando el personal del Servicio Federal de Seguridad estuvo presente en los centros de detención, ejerció la máxima autoridad, con interrogatorios muy duros en los que se infligieron tratos brutales.
El informe cita casos particulares para respaldar sus hallazgos, como el de un ex detenido de 56 años que aseguró que se le aplicaron descargas eléctricas y se le amenazó con detener a sus nietas para golpearlo frente a ellas si no “pensaba bien sus respuestas”.
Violencia sexual
El documento denuncia también el uso sistemático de la violencia sexual como una forma de tortura en los centros de detención, principalmente contra hombres, aunque también ha registrado casos de violación y violencia sexual que constituyen tortura contra mujeres detenidas.
“Las autoridades rusas sometieron a las detenidas a violencia sexual, incluida la violación, y a condiciones inhumanas que reflejan la naturaleza de género y el impacto del trato infligido a las mujeres detenidas”, apuntó la comisión.
Además, los expertos analizaron un número creciente de incidentes en los que las fuerzas armadas rusas mataron o hirieron a soldados ucranianos que fueron capturados o intentaron rendirse, lo que constituiría crímenes de guerra.
Los investigadores han hablado con soldados que desertaron de las fuerzas armadas rusas y que declararon haber recibido órdenes de no tomar prisioneros, sino de matarlos.
Ucrania también ha cometido crímenes de guerra
La comisión concluyó, asimismo, que ambas partes del conflicto han matado o herido con drones a soldados visiblemente heridos que no podían defenderse, lo que constituye un crimen de guerra.
El informe también describe violaciones de las leyes internacionales de derechos humanos cometidas por las autoridades ucranianas contra personas acusadas de colaborar con las autoridades rusas.
Para finalizar, la comisión subrayó la importancia de la rendición de cuentas judicial y extrajudicial en todas sus formas, recordando que esto contribuye a la sostenibilidad de los procesos de paz.
Residentes de Pyongyang, República Popular Democrática de Corea, esperando cruzar la carretera.
Empeora la situación de los derechos humanos en RPDC
También en el Consejo de Derechos Humanos, la relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea (RPDC) declaró que “el prolongado aislamiento del país, la falta de ayuda humanitaria de Naciones Unidas y otras organizaciones, y las nuevas restricciones al acceso a la información han agravado los derechos humanos de la población”.
Al presentar su tercer informe, Elizabeth Salmón señaló que las leyes más estrictas introducidas por el Gobierno han restringido los derechos a la libertad de circulación, al trabajo y a la libertad de expresión y opinión. “Se están imponiendo castigos más severos, incluida la pena de muerte y ejecuciones públicas, por violarlos”, dijo.
La relatora especial también indicó que informes recientes sugieren que la RPDC ha desplegado a sus soldados en el conflicto entre Rusia y Ucrania.
“Aunque el reclutamiento militar no va en contra del derecho internacional, las malas condiciones de los derechos humanos de los soldados mientras prestan servicio en la RPDC, además de la explotación generalizada de su propio pueblo por parte del Gobierno, suscitan varias preocupaciones”, señaló al respecto.
Salmón aseguró que las políticas de militarización extrema de la RPDC se sustentan en una amplia dependencia de los trabajos forzados y los sistemas de cuotas. En este sentido, recordó que todo el personal militar debe estar protegido por el derecho internacional si es capturado.
Más del 45% de la población, desnutrida
Entre otros puntos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Salmón indicó que aunque las autoridades se han centrado en aumentar la producción nacional de alimentos, más del 45% de la población, unos 11,8 millones de personas, está desnutrida.
Según la relatora especial, el Gobierno ha pasado de dar cabida a los mercados informales a establecer un monopolio estatal de venta de alimentos básicos.
“Bajo el estricto cierre de fronteras desde principios de 2020, muchos no pueden permitirse comprar alimentos, aunque el sistema de distribución pública del Gobierno es discriminatorio e irregular. Sólo los leales a los dirigentes reciben distribución pública regular”, dijo al respecto.
Los informes indican casos de inanición durante el cierre fronterizo y posiblemente más durante el vacío de la cosecha en primavera. Los grupos más afectados son los ancianos, las personas con problemas médicos y quienes carecen de ahorros en las zonas rurales, indicó Salmón.
Participantes en la Marcha de la Paz y la Independencia se enfrentan a personal de seguridad en Minsk, Belarús, en agosto de 2020.
Aumenta la represión en Belarús
Por su parte, la presidenta del Grupo de Expertos Independientes sobre Belarús señaló que, tras llevar a cabo entrevistas con bielorrusos en el exilio, determinaron que “la violenta respuesta de las autoridades bielorrusas a las protestas masivas sin precedentes” que habían precedido y seguido a las elecciones presidenciales de 2020 no fueron un incidente aislado, sino “la última manifestación de una pauta de Gobierno de larga data”.
Karinna Moskalenko indicó, además, que los recientes resultados de las elecciones presidenciales de enero de 2025 representan más causas profundas de la represión en Bielorrusia.
“No hubo candidatos para montar una verdadera oposición al presidente Lukashenko, con cientos de miles de bielorrusos en el exilio y más de 1200 presos políticos que permanecen detenidos”, dijo al respecto.
La presidenta del Grupo señaló que tienen “sobradas pruebas” de que los detenidos por motivos políticos en los últimos cuatro años fueron sometidos a tortura y malos tratos. Así, de las 161 personas entrevistadas que habían sido detenidas al menos una vez, 52 fueron víctimas de malos tratos, y a veces de tortura, durante el arresto, el transporte, el interrogatorio o la detención.
Purgar el espacio cívico y democrático
Según Moskalenko, en vísperas de las elecciones presidenciales de 2025, las autoridades bielorrusas prosiguieron sus esfuerzos para purgar el espacio cívico y democrático de toda posible fuente de disidencia.
Así, el año pasado se liquidaron otras 228 organizaciones de la sociedad civil. Además, 87 entidades y 1168 personas fueron añadidas a las listas de “extremistas”, que se prestan a procesamiento penal.
Además, las autoridades reforzaron su control de las escuelas y las comunidades religiosas e introdujeron medidas legislativas que restringían drásticamente las formas de expresión del colectivo LGBTQ+. Ampliaron la capacidad de vigilancia de las fuerzas del orden e iniciaron procedimientos penales en rebeldía contra cientos de bielorrusos exiliados, exponiéndolos a ser encarcelados a su regreso.